El presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán,
enfrenta una situación compleja, luego que directivos de la entidad denunciaran
ante la IGJ que el balance que presentó incluye gastos millonarios
injustificados.
La impugnación del
balance de 500 millones puso la lupa sobre el gasto de 30 millones en abogados
y 9 millones en artículos de librería, entre otros ítems sospechosos. Pero no
es la única impugnación que enfrenta el misionero.
El bloque de pymes, de
tradición peronista, creen que Díaz Beltrán debería haber dado un paso al
costado luego de que fracasara el modelo económico de Macri al que no criticó
durante la destrucción masiva de pymes que caracterizó a su gobierno.
Por el contrario, CAME
fue el escenario de la celebración con Macri por el día del Empresario en 2018
y de la promesa de Dante Sica de que las tasas iban a bajar y nunca lo
hicieron, lo que se tradujo en el cierre a cuenta gotas de un total de 24.500
de pymes en los cuatro años de gestión. Y si bien hubo planteos por la tasa de
interés, el
reclamo quedó disuelto en elogios al ex presidente.
En cambio, en el entorno de Díaz Beltrán acusan a La
Cámpora de querer copar la CAME y señalan que las denuncias presentadas
son parte de esa embestida. Él mismo, en una entrevista a Clarín, hipotetizó
que se trata de una forma de presión política para acallar que durante el
gobierno de Alberto Fernández, con la cuarentena, se aceleró la muerte de
pymes.
Sin embargo, quienes encabezan las críticas lejos están de La Cámpora.
El primero en denunciarlo fue Pedro Humberto Salas, nada menos que de la
Sociedad Rural de Córdoba, aunque un ruralista atípico para los estándares de
la SRA ya que abiertamente dijo haber votado a Alberto Fernández.
Y quien también lo
critica es Horacio Alonso, el ex diputado cercano a Massa que Alberto Fernández
designó como interventor de la obra social de los empresarios y
monotributistas, Osdepym. Para él, la caja de la obra social se usó para
controlar a la CAME durante el macrismo.
Ahora, se suma también la denuncia de su actual vicepresidente primero,
el fueguino Diego Navarro que advierte que durante 2019 se movieron unos $500
millones de la institución de forma poco transparente. En especial, señala que
aparecieron grandes gastos de librería y de servicios profesionales
"dibujados" por más de $30 millones.
De esta forma, Beltrán
acumula denuncias ante la IGJ que son de gravedad y provienen más del peronismo
tradicional que del kirchnerismo camporista. La de Salas, es por la
distribución irregular y el desvío de fondos del Inacap (Instituto Argentino de
Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio), por la suma de $353
millones que se habrían girado de forma irregular a Federaciones y Cámaras
asociadas a CAME.
A esta, se le suma el
reclamo de Navarro: "Desde marzo le estoy pidiendo a Díaz Beltrán que nos
explique cómo puede ser que CAME teniendo 90 empleados tiene que contratar
profesionales, y en el caso que los contrate, quiénes son. No solo es
preocupante el gasto, sino más aún, que no se nos informe" aseguró el
vicepresidente primero de la entidad.
De acuerdo a Navarro, durante 2019 la gestión de Díaz Beltrán incurrió
en gastos injustificados de contratación de profesionales por más de $32
millones, adelantos por el mismo ítem de $7 millones para el próximo año y el
gasto de $31 millones en "informes especiales".
Respecto de las
acusaciones de que La Cámpora está detrás de las denuncias contra la gestión,
Diego Navarro sostuvo: "Que Díaz Beltrán se quede tranquilo, no hay
política detrás de este reclamo, solo un grupo de dirigentes que quiere saber
cómo se gastó el dinero y que reclama que haya transparencia donde no la
hay".
