La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense recibió a académicos, abogados y magistrados especialistas en derecho penal y criminología, así como a organizaciones que nuclean a familiares de víctimas del delito, para conocer sus posiciones y sugerencias sobre los proyectos que se están estudiando en la Cámara alta.
La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense volvió a convocar a ONGs de familiares de víctimas de delitos, magistrados, funcionarios y especialistas en materia procesal penal para visibilizar las demandas, conocer sus valoraciones sobre las iniciativas, construir los acuerdos necesarios y robustecer la norma.
En este sentido, el presidente de la comisión, Francisco ‘Paco’ Durañona, sostuvo que “es esencial la mirada de los exponentes, ya que con su participación se expresa la diversidad de voces que nos permitirán fortalecer el consenso. Generamos este espacio con respeto y tolerancia para llegar a buen puerto y unificar posiciones para modificar la Ley de manera consensuada e integral”. Además, el legislador adelantó que “vamos a trabajar en la reformulación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires”.
En este segundo encuentro, participaron Fernando Díaz Cantón (reconocido abogado y docente de Derecho Procesal Penal de la UBA); Mariana Maldonado (jueza y especialista en derecho penal); Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense); Ramiro Gutiérrez (abogado especializado en materia penal y diputado nacional); Silvina Puergino (directora provincial de casos críticos del Ministerio de las Mujeres de la provincia); Ignacio Gallo (juez, docente y abogado especializado en Derecho Penal); Jerónimo Guerrero Iraola (Defensoría del Pueblo bonaerense); Roberto Almeida (presidente del Consejo provincial de víctimas); Diana Márquez (de Víctimas por la paz y de la Asociación de pensamiento Penal); y Hernán Navarro (presidente de Grooming Argentina), entre otros.
Durante el encuentro, los especialistas y las organizaciones coincidieron en la necesidad de consagrar una voz activa de las víctimas, como así también en acelerar los procesos judiciales.
Así, Pellegrini hizo hincapié en la importancia de “entender que el universo de víctimas no es homogéneo y que merecen ser escuchadas; la forma de instrumentar el derecho, es un tema que merece debate e instrumentación ajustada a cada caso”.
Por su parte, la jueza del Tribunal en lo criminal N°1 de Morón, Mariana Maldonado, sostuvo “que no sean normas generales, sino herramientas legales efectivas para la concreción de nuestros derechos con una justicia restaurativa basándonos también en la reinserción del victimario”. Además, agregó que se debe “tener más operatividad; para ello debemos trabajar en una reforma integral del Código del Procedimiento Penal”.
Oportunamente, Diana Márquez de Víctimas por la Paz explicó que los damnificados “también necesitamos una respuesta emocional, psicológica, un pedido de perdón y restauración, además del acompañamiento del Estado”.
Y Juan Martín Cobacho, referente de Derechos Humanos de La Matanza, propuso “fortalecer la interacción entre el Estado, las organizaciones territoriales y las abocadas a los Derechos Humanos, para construir un protocolo de protección a la víctima en cada punto de la provincia”.
Al unísono, las organizaciones, asociaciones, académicos, funcionarios y magistrados participantes celebraron el encuentro y la posibilidad de que sus demandas u observaciones sean atendidas por el cuerpo de legisladores.
Resaltaron la necesidad de contar con más tiempo para poder seguir debatiendo la iniciativa y sumar más voces que la legitimen. Asimismo, promovieron que la ley incluya a las víctimas de violencia obstetricia, de accidentes de tránsito y por mala praxis, entre otros asuntos de relevancia para las familias y para mejorar el proyecto.
Al finalizar todas las exposiciones, el senador Durañona destacó y celebró la necesidad de avanzar en el proyecto de ley “para acercar la justicia a los territorios, escuchando a las víctimas que son relegadas por el Estado y a los actores que allí trabajan para mejorar los derechos y garantías de los ciudadanos y las ciudadanas”.
