Los intendentes bonaerenses que
durante 2020 hayan echado mano a recursos afectados para un destino diferente
al pactado y justifiquen el gasto por la emergencia del coronavirus quedarán
exceptuados de las sanciones y multas del Tribunal de Cuentas. Así lo dispone
un artículo del Presupuesto 2021, que también contempla poner en stand by los
topes al aumento de gastos y del endeudamiento que entraron en vigencia este
año.
El “alivio”, un gesto para los jefes
comunales cuyas gestiones se vieron desbordadas a raíz de la pandemia -muchos
de los cuales, además, controlan votos en la Legislatura- está contenido en los
artículos 38 y 40 del proyecto que este jueves tomó estado parlamentario y ya
se debate en Diputados.
El primer artículo autoriza al
Tribunal de Cuentas a eximir a los intendentes de las sanciones previstas a
quienes hubieran utilizado los recursos afectados (fondos que llegan de
Provincia con una finalidad específica) para un destino diferente al
especificado. Para ello los funcionarios deberán demostrar “razones de
excepcionalidad”. En este caso, justificar que usaron el dinero para cubrir
algunos de los gastos asociados al coronavirus.
En su carta orgánica, el Tribunal de Cuentas dispone en estos casos
de sanciones que van desde el llamado de atención hasta la inhabilitación para
ejercer cargos públicos por 5 años, pasando por la devolución de los fondos, en
algunos casos del bolsillo de los sancionados. Sin embargo, las sanciones
suelen ser laxas y demoran años en ser confirmadas, muchas veces cuando el
funcionario sancionado ya no se encuentra en funciones.
El artículo finalmente obliga a los intendentes a restituir los fondos a su destino original antes del año 2022.
En tanto, el artículo 40° extiende
al 2021 la suspensión de varios artículos de la Ley de
Responsabilidad Fiscal municipal, promovida durante la gestión de
María Eugenia Vidal y con vigencia a partir de este año.
El primero de ellos obligaba a los
municipios a limitar el aumento de sus gastos al índice de precios del Indec,
lo que equivalía a limitar esas erogaciones a que acompañen la inflación, pero
no sumen más cargos. Sin embargo, la emergencia del coronavirus hizo evidentes
muchos gastos extra, que en alguna medida fueron cubiertos por los municipios.
Ese beneficio, entonces, se prolongará hasta 2022.
En el mismo sentido se suspendió
otro artículo que impedía a los municipios tomar endeudamiento por montos
superiores al 10% de sus recursos totales. En 2021 aún podrán realizar esas
operaciones.
