El Gobierno nacional confirmó que se implementarán aumentos en las tarifas de los servicios de luz y gas a partir de marzo del año que viene, con un esquema diferenciado, según los ingresos que perciba cada usuario. Pero, al mismo tiempo, advirtió que hay un porcentaje importante de la población que tiene que tener una tarifa subsidiada.
Así lo señaló el secretario de Energía, Darío Martínez, durante un seminario organizado por el sitio especializado Econojournal. “Tenemos que ir a una tarifa de transición. Aplicar la tarifa que estaba vigente con el Gobierno anterior tendría un impacto altísimo. Pagar la energía no tiene que significar que el usuario tenga que dejar de consumir, que tenga que dejar de comprarse vestimenta, o adquirir otros bienes y servicios para poder destinar más al pago de la energía”, indicó.
De acuerdo al secretario, el Gobierno buscará avanzar hacia un uso “más inteligente” de los subsidios, que llegue realmente a los sectores más vulnerables, que no pueden hacer frente al costo real de la tarifa y que no se van a obligados a salir del sistema. “Un porcentaje importante de la población tiene que tener una tarifa subsidiada. Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera”, explicó.
“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que se salga del congelamiento, vamos a una tarifa de transición”, volvió a resaltar el secretario.
De esta forma, se implementaría un “esquema estratificado” donde se dividiría a los usuarios entre los que no pueden pagar las tarifas; los que puedan pagar, pero sin que les consuma un porcentaje más alto de sus salarios; y los que puedan acercarse a pagar el costo real de la energía, sin un gran impacto en sus ingresos en términos porcentajes.
“Hay que mantener el porcentaje de los ingresos que se destina a la energía. Esto no debería quitarle capacidad de consumo de otros bienes y servicios. Ya estamos elaborando una tarifa de transición”, confirmó Martínez. Esa nueva tarifa se comenzará a aplicar entre marzo y abril, según detalló. Esos son los mismos plazos que había anticipado la semana pasada el presidente Alberto Fernández.
Al hablar de una tarifa de transición, Martínez explicó que en una primera etapa se van a usar las herramientas disponibles, como los datos de la Anses, para realizar la estratificación de los usuarios mientras se crea una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI), que tendrá un plazo de un año.
“En el medio, tenemos este esquema que nos permita ir haciendo una utilización más eficiente de los subsidios y, a medida que tengamos información y herramientas, sea más óptimo todavía”, señaló. “El Gobierno fue muy ágil en detectar a los sectores más vulnerables. Y el Anses nos puede ayudar. Nos cuesta más detectar al que puede pagar el costo de la energía”, amplió.
