El decreto 696/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial, promulga parcialmente la Ley 27.561, la ampliación del presupuesto de este año por casi $1,85 billones. Los artículos "observados" por el decreto son el 18 y 19, los que disponían un régimen especial para la regularización de deudas para las distribuidoras de energía y el mayorista Cammesa.
Los artículos vetados establecían un plan especial para empresas públicas y cooperativas eléctricas con tres meses de pago si regularizaban o refinanciaban sus deudas al 31 de octubre, exigiendo el Estado la continuidad de tarifas congeladas para los consumidores.
El pasivo de las distribuidoras con la compañía administradora del mercado alcanza los $95.000 millones.
El texto del decreto describe que por la cuarentena la deuda de las distribuidoras de energía con Cammesa "se ha acelerado" -al 31 de julio suma $95.436 millones, de los que el 43% se generó entre abril y julio- y enfatiza que 64% de las distribuidoras no supera el tope de las tres facturas medias mensuales.
A la hora de explicar el por qué del veto, indica que el "reconocimiento de los créditos" que hacía ley no implicaba "ningún compromiso" de inversión para las distribuidoras y señala que, por la magnitud de la deuda, el Estado Nacional debe fijar "prioridades" que "dirijan las políticas sectoriales y la asignación de sus recursos involucrados".
A criterio del Ejecutivo, los artículos sancionados por el Congreso "no garantizan criterios de sostenibilidad, justicia y equidad" entre las distintas provincias, a la vez que lo establecido tampoco consideraban el estado operativo y técnico de la infraestructura y la capacidad económica y financiera de cada distribuidora, ni su forma jurídica de organización.
El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face), José Álvarez, aseguró que la moratoria se había acordado después de trabajar un mes con el Ministerio de la Producción y Cammesa. "Estamos decepcionados porque trabajamos duro para ver cómo seguir prestando el servicio con tarifas congeladas y necesidad de inversión. En esta situación hay cooperativas que van a quebrar a fin de año, la solución se había buscado para lograr sobrevivir. Entendemos que esta es una decisión del Ministerio de Economía".
La expectativa de las cooperativas es que en el proyecto de presupuesto 2021 se contemple una solución de rescate. La lógica del sector es que con tarifas pisadas, es prácticamente imposible hacer las inversiones necesarias para que el sistema funcione.
